Boletín de Prensa de la Arquidiócesis de Acapulco

Polémico resultó el arrebato del alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, quien anunciaba, hace unos días, la creación de cuerpos armados al margen de la ley para expulsar de su municipio a toda clase de delincuentes.

Lo preocupante es que haya ciudadanos que aplaudan este tipo de propuestas para acabar con el crimen organizado y con la delincuencia común que tienen asoladas muchas regiones de nuestro país.

Esta intención del alcalde regiomontano es sintomática pues refleja una tentación ante la avalancha de criminalidad que amenaza con someter a la sociedad y a las instituciones públicas. Pero no sólo eso, pues ya hay indicios de que ante el fracaso del combate gubernamental contra las olas criminales, han ido apareciendo acciones de grupos armados que pretenden hacer “limpieza” selectiva por propia mano.

Según testimonios de personas que han sufrido esta clase de hechos, en nuestra región se han organizado comandos que han tomado el lugar que les corresponde a las autoridades y a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia para “ajusticiar” a delincuentes. La impunidad, la ineficacia policíaca y el miedo a la denuncia parece que van dejando un espacio vacío para que actúen bandas criminales que poco a poco irían tomando el control y podrían lograr algún consenso social.

Lo grave del caso es que se percibe la tendencia al combate contra la criminalidad de una manera paralela a las instituciones públicas y al margen de la ley y cada día se está fortaleciendo una mentalidad que excluye el Estado de derecho con un abierto rompimiento de la ley.

Una gran debilidad social y cultural que padecemos es el escaso aprecio a la legalidad. Y como consecuencia, en las instituciones y en nuestros gobernantes se manifiesta esta carencia con resultados dolorosos como la corrupción y la colusión con los criminales. Una prueba está en el desliz del alcalde regiomontano que abiertamente se declara a favor del combate a la criminalidad al margen de la ley.

Es necesario que los ciudadanos le reconozcamos a la legalidad su valor y su importancia para poder resolver los problemas que nos agobian, y que excluyamos siempre la tentación de aceptar respuestas desesperadas o autoritarias. Los crímenes no se combaten con otros crímenes.

Por otra parte, la autoridad debe sopesar el riesgo de que grupos de oscura procedencia tomen la bandera de la administración de la justicia mediante métodos de “limpieza” que constituyen un peligro para la gobernabilidad. Para ello, la autoridad debe ofrecer pruebas de eficacia en la lucha contra el crimen organizado y contra la delincuencia común. De otra manera se deja un vacío que puede ser aprovechado muy bien por intereses contrarios al bien público, a la moral y a la legitimidad de la ley.