Comunicado de Acapulco. Desde el año 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. En ese tiempo nunca nos imaginaríamos la actual situación crítica causada por el tráfico y el consumo de las drogas en México y en nuestra región.

La seguridad de la Nación está siendo puesta a prueba por las bandas criminales que promueven el cultivo, la producción y el consumo de diversas drogas y que se dedican a hacer negocios sucios con inmensas ganancias con un gran costo social para el país. Tenemos que lamentar graves omisiones y acciones a lo largo de varias décadas, que permitieron el crecimiento del crimen organizado que vive del negocio ilícito de las drogas.

La jornada anual en torno al uso indebido y el tráfico ilícito de las drogas que la ONU promueve, es una oportunidad para hacer un balance de este conflictivo tema que constituye una de las mayores amenazas que pesan sobre nuestra Nación.

En cuanto al tráfico ilícito de las drogas, tenemos que reconocer que las bandas criminales que lo ejercitan en México han acumulado un gran poder que se ha infiltrado en la economía y en la política en grados muy preocupantes. Por otra parte, han podido tejer una red de distribución de las drogas que cubre ya ciudades y poblaciones rurales a lo largo y ancho del territorio nacional. El narcomenudeo sigue siendo muy visible en las calles de nuestras ciudades, poniendo las drogas al alcance de todos, aún de los niños.

En lo que se refiere al consumo de las drogas, hay que reconocer que ha ido creciendo, con efectos devastadores en la sociedad. La adicción a las drogas no logra reducirse, sino que se incrementa día a día. Los esfuerzos que se hacen en la rehabilitación de los adictos a las drogas son insuficientes. Estos esfuerzos están promovidos por organizaciones civiles e instituciones privadas con un alcance muy limitado.

En este campo se nota la ausencia de acciones sustantivas de parte de los tres niveles de gobierno. Nos preguntamos por qué la administración pública no se ocupa de rehabilitar a un inmenso segmento de la población nacional que vive bajo el peso de la adicción a las drogas. Este es un descuido de graves consecuencias para la sociedad, para las familias y aún para la economía.

Los adictos a las drogas tienen el derecho de ser apoyados para que puedan superar su dependencia de aquéllas drogas que suelen consumir. Es necesario que se creen instituciones oficiales que se ocupen de estas tareas de rehabilitación. Es una responsabilidad que el sector salud debiera tomar en sus manos de una manera amplia y proporcional al tamaño del mudo de las adicciones. No hacerlo favorece que el mercado de consumo de las drogas aumente día a día convirtiéndose en un factor significativo para el desarrollo del tráfico de las drogas. Mientras haya consumidores, habrá distribuidores.

Alentamos las iniciativas de la sociedad civil para la lucha contra las adicciones y contra el tráfico ilegal de las drogas. Solo así podremos dar pasos hacia una sociedad libre del abuso de las drogas.